El Ayuntamiento planta cara a la economía sumergida

El alcalde presenta un plan para fomentar el autoempleo y al mismo tiempo impulsar la cultura de la responsabilidad social contra el fraude fiscal

- Escrito el 25 abril, 2018, 8:00 am
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Carlos González anuncia la “Declaración de Elche contra la Economía Sumergida” en la que se refleja las repercusiones negativas que la economía sumergida tiene tanto para los trabajadores como para los empresarios

El alcalde de Elche, Carlos González, y el edil de Promoción Económica, Héctor Díez, han informado esta mañana de los acuerdos alcanzados por parte de la Mesa de Trabajo contra la Economía Sumergida. Se trata de actuaciones que tiene por objetivo abordar la lucha contra la economía sumergida desde una “perspectiva positiva”.

“En la sesión de ayer abordamos fundamentalmente dos asuntos. Por una parte, abordamos plan de fomento de la cultura emprendedora directamente relacionado con los objetivos de trabajo de la Mesa contra la Economía Sumergida y que tiene una doble finalidad como es impulsar la cultura del autoempleo y al mismo tiempo impulsar la cultura de la responsabilidad social como medio de lucha contra la economía sumergida”, ha explicado el alcalde quien ha añadido que el plan es fundamentalmente formativo y está dirigido a estudiantes de tercero y cuarto de la ESO, estudiantes de bachillerato y estudiantes de ciclos formativos.

Tal y como ha señalado González, “la idea final es estimular la cultura del emprendimiento, favorecer la cultura del autoempleo y al mismo tiempo complementar esa idea con la cultura de la responsabilidad social acentuando el aspecto de la responsabilidad fiscal”.

Por otra parte, en la mesa de ayer se aprobó por unanimidad la “Declaración de Elche contra la Economía Sumergida” en la que se refleja las repercusiones negativas que la economía sumergida tiene tanto para los trabajadores como para los empresarios. Hace referencia a la pérdida de derechos sociales presentes y futuros de los trabajadores. Se aborda también la pérdida de recursos económicos para las administraciones como consecuencia de este tipo de prácticas. Y por otra parte, se pone de relieve las consecuencias negativas para los empresarios desde el punto de vista de de la competencia desleal”.

Esta declaración recoge varios acuerdos, los principales son:

  1. Mostrar nuestro firme y contundente rechazo a la práctica de la economía sumergida por sus nefastas consecuencias laborales, sociales y económicas, con unas claras repercusiones negativas en el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía.
  2. Requerir al Gobierno de España y a la Generalitat Valenciana para que intensifiquen las medidas de lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal.
  3. Potenciar la coordinación entre las distintas administraciones a todos los niveles, a través de un Convenio de Colaboración donde se contemple una combinación de medidas, con la pretensión de conocer los grandes focos de economía sumergida y compartir información relevante al respecto.
  4. Diseñar una estrategia de comunicación para informar, sensibilizar y concienciar a los trabajadores, empresarios y ciudadanía en general, sobre las graves y devastadoras consecuencias que la economía sumergida tiene para el mercado de trabajo, para nuestro sistema, tanto impositivo como redistributivo y de pensiones; creando un ambiente económico y social, y una opinión ciudadana favorable, que incite al afloramiento de la economía irregular para su integración en la economía normalizada.

Por otra parte, el alcalde ha indicado que ayer se presentó a los integrantes de la mesa una campaña de sensibilización que gira en torno a un anuncio publicitario que está vinculado al objetivo de la responsabilidad fiscal y de la lucha contra la economía sumergida.

Tal y como ha indicado Héctor Díez, aunque el vídeo es el elemento central de la campaña, el mismo irá acompañado de acciones como cartelería para traseras de autobuses o cuñas para las radios. “El video trata de reflejar las consecuencias de la economía sumergida y las repercusiones que tiene ese fraude social y fiscal las consecuencias afectan a los servicios públicos.

 

DECLARACIÓN DE ELCHE CONTRA LA ECONOMÍA SUMERGIDA

El Consejo Económico y Social de España entiende por economía sumergida:

“El conjunto de actividades de producción de bienes y prestación de servicios para el mercado que eluden normas, tanto fiscales como de cualquier otro tipo con contenido económico, entre las que se encuentran las regulaciones laborales, pero también otras como las referidas al medio ambiente, las normas técnicas, las de seguridad, etc.”

La economía sumergida, o también llamada economía encubierta, irregular, oculta, paralela, no oficial, etc., tiene mayor relevancia en los sectores que tradicionalmente han desarrollado empleo irregular, como son: el sector de la agricultura, industria, servicios domésticos o de proximidad (cuidado de enfermos, ancianos, niños, etc.), los llevados a cabo en despachos profesionales, y en general los ligados al sector servicios y sectores privados.

El Informe Técnico “Percepción de la ciudadanía de Elche sobre la economía sumergida”, realizado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (2017), recoge los datos ofrecidos por el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Gestha), desvelando unas cifras realmente preocupantes sobre el volumen alcanzado por la economía sumergida en relación al Producto Interior Bruto (PIB), tanto a nivel nacional, como de la Comunidad Valenciana y de la provincia de Alicante. El mismo indica la existencia de una economía sumergida a nivel nacional del 24,60% del PIB, cuantificándola en 258.000 millones de euros, de manera paralela, en la Comunidad Valenciana, el 27% del PIB, ascendiendo a 28.370 millones de euros, y en la provincia de Alicante, un 28% del PIB, estimando un importe de 9.000 millones de euros.

La principal causa de la práctica de la economía sumergida es la ocultación de la actividad desempeñada a las autoridades económicas con el fin de evitar su regulación, así como el pago de los impuestos y de las cotizaciones sociales. Las consecuencias de esta práctica son muchas y complejas. Tienen repercusiones en el ámbito económico, social y personal, afectando tanto a los trabajadores como a los empresarios, teniendo una importante trascendencia para el conjunto del Estado.

En el terreno laboral, supone una desventaja y vulnerabilidad en las condiciones laborales para todos los trabajadores/as, ya que éstos quedan excluidos del marco de la legislación laboral: ciudadanos/as no inscritos en la Seguridad Social, o bien de alta en categorías inferiores al trabajo que realmente desarrollan, con salarios inferiores a los que realmente les correspondería, minorando la posibilidad de adquirir futuros derechos, como la pensión de jubilación, prestación por desempleo, incapacidades temporales, etc., incrementando la incertidumbre y reduciendo las expectativas laborales.

Todo ello con el objetivo final de obtener un descenso en los costes de producción. Por otra parte, el fraude fiscal supone una reducción de los ingresos a las distintas administraciones, esto lleva aparejado una amenaza a nuestro modelo de economía del bienestar, puesto que el mismo se mantiene mediante las aportaciones/contribuciones que realizan las personas, empresas y entidades que perciben rentas. Un descenso en la recaudación pone en peligro nuestro sistema de políticas sociales (asistencia sanitaria, educación, jubilaciones, prestaciones, etc.). Además, causa una asimetría sobre la información obtenida por los estamentos oficiales en relación al nivel de renta de cada territorio, ya que la información no es homogénea y, en consecuencia, el punto inicial para la elaboración de políticas dirigidas a distintas regiones, podría ser erróneo e injusto con respecto a otras zonas.

Desde el punto de vista empresarial, el deterioro de las condiciones laborales genera competencia desleal entre empresas, favoreciendo a aquellas que no cumplen la legislación vigente. Por otra parte, incorpora el fraude social y la dificultad para medir la actividad económica. En conclusión, supone una traba para que las empresas legalmente establecidas puedan llegar a ser más competitivas e innovadoras. En relación al consumidor, la entrada masiva de productos importados de países que no cumplen las normas de propiedad industrial, o bien no respetan las exigencias en materia de calidad impuestas por la Unión Europea, puede llegar a acarrear un peligro para la población receptora de los mismos.

Ante esta situación el pasado 11 de octubre de 2016 el Consejo Social de la Ciudad de Elche acordó, por unanimidad de sus miembros, la creación de la “Mesa de Trabajo sobre Economía Sumergida”. El objetivo es colaborar, siempre desde nuestra posición de Administración Local y en el ámbito de nuestras competencias, para conseguir minorar los porcentajes de economía sumergida, aflorar el empleo irregular, y, en definitiva, proponer procedimientos más adecuados para la regularización del trabajo no declarado, que fomenten la plena ocupación, el empleo de calidad y el desarrollo económico. Se considera necesario adoptar un gran acuerdo social para hacer frente al fraude que representa la economía sumergida, tanto para la propia economía, como para la imagen del municipio.

Por todo ello, se plantean los siguientes acuerdos:

  1. Mostrar nuestro firme y contundente rechazo a la práctica de la economía sumergida por sus nefastas consecuencias laborales, sociales y económicas, con unas claras repercusiones negativas en el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía.
  2. Requerir al Gobierno de España y a la Generalitat Valenciana para que intensifiquen las medidas de lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal.
  3. Potenciar la coordinación entre las distintas administraciones a todos los niveles, a través de un Convenio de Colaboración donde se contemple una combinación de medidas, con la pretensión de conocer los grandes focos de economía sumergida y compartir información relevante al respecto.
  4. Diseñar una estrategia de comunicación para informar, sensibilizar y concienciar a los trabajadores, empresarios y ciudadanía en general, sobre las graves y devastadoras consecuencias que la economía sumergida tiene para el mercado de trabajo, para nuestro sistema, tanto impositivo como redistributivo y de pensiones; creando un ambiente económico y social, y una opinión ciudadana favorable, que incite al afloramiento de la economía irregular para su integración en la economía normalizada.
  5. Instar a los distintos estamentos oficiales a la simplificación de los procedimientos administrativos necesarios para la creación de nuevos proyectos empresariales, y facilitar el afloramiento de actividades ocultas.
  6. Crear un programa de apoyo dirigido a empresas y ciudadanos que facilite el abandono de la economía irregular, donde exista en todo momento un asesoramiento técnico apropiado.
  7. Reforzar las políticas activas de empleo con el fin de incrementar y facilitar a los desempleados/as el acceso al mercado laboral.
  8. Mejorar la formación profesional para los trabajadores con menor cualificación, con el fin de propiciar una inserción con mayores garantías en el mercado laboral.
  9. Fomentar el espíritu emprendedor y empresarial, vinculando la gestión con la responsabilidad social.
  10. Difundir y promocionar ejemplos de buenas prácticas en materia socioeconómica en nuestro municipio.